Susana Neira/EL COMERCIO/13-2-2011
En 2007, cuando los trabajadores de la fábrica de loza de San Claudio se enteraron de que el propietario quería cerrarla y trasladar el negocio a Marruecos tras un siglo de vida cociendo y pintando vajillas en Oviedo, corrieron al Ayuntamiento y al Principado a pedir la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
Dos años más tarde, la Consejería de Cultura protegió el edificio, desoyendo las negativas del dueño, Álvaro Ruiz de Alda. No evitaron el traslado, pero los ya entonces desempleados se felicitaron por impedir a quien fuera su patrón sacar negocio (aunque no había llegado a anunciar ningún proyecto) de las viejas naves. Este fue el último edificio protegido en Oviedo, aunque ha habido otros dos intentos fracasados. En ambas situaciones, la fórmula empleada siempre ha llegado como respuesta a un proyecto urbanístico y económico anunciado y que se deseaba evitar.
El último caso ha sido la petición para el Campo de San Francisco, con la Categoría de Jardín Histórico. También se dio la causa-efecto.
El alcalde, Gabino de Lorenzo, acordó con la empresa Comamsa saldar la polémica deuda de la expropiación del palacete de Villa Magdalena a cambio del subsuelo de Uría para construir tres aparcamientos por 1.500 plazas, más un solar en Teatinos, en abril de 2010. Poco más tarde, una plataforma creada por más de 40 asociaciones -entre ellos partidos políticos, sindicatos, ecologistas y vecinos- buscaron la vía para impedir que dicho acuerdo saliera adelante. Por un lado, acudieron a los tribunales; y por otro, pidieron el BIC para el parque, que impedía hacer obras cerca, sacando mesas a la calle para reunir firmas.
Recogieron 20.000 y las llevaron a Cultura, pero no abrió el expediente. Para intentar forzar el debate, uno de los partidos que integra dicha plataforma, Izquierda Unida, lo llevó a la Junta General. Sabía que el PP no le apoyaría, pero confiaba en que el PSOE, que a nivel local integra ese grupo, votaría a favor.
Indemnizar al Ayuntamiento
El viernes, el diputado socialista Alfonso Rey dio dos argumentos para justificar la negativa. El primero, que el Ayuntamiento les había enviado una carta advirtiéndoles de que si protegían el parque, el Principado tendría que pagarle una indemnización.
Este primer argumento descuadernó al portavoz de ASCIZ, Roberto Sánchez Ramos. Rey habló de que la actuación del aparcamiento estaba incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de ahí las consecuencias en caso de impedirlo. Pero 'Rivi', sin rodeos, tachó el argumento de «falso».
Populares y socialista coincidieron al destacar que la iniciativa de declarar Bien de Interés Cultural el Campo no buscaba tanto proteger lo, sino más bien anular el otro plan. Y que por tanto, según describió el diputado del PP, Joaquín Aréstegui, era una «trampa».
En realidad, lo era. Pero a la salida, portavoces de la citada plataforma no entendían cómo, aunque lo fuera, el PSOE regional no utilizaba esta vía para parar los planes de Gabino de Lorenzo. «¡Hay que ver lo que da de sí el pacto de La Zoreda, sin haber estrenado la legislatura!», valoró también ayer el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos en un mitin de Foro Asturias, que en varias ocasiones ha hablado de un acuerdo entre el PSOE y el PP para repartirse el poder de Asturias.
Aún con todo, no ha sido el único BIC frenado por la Consejería de Cultura. Llegó a incoar el expediente para la Fábrica de Gas en 2001, pero ocho años más tarde, a pesar de las continuas críticas de colectivos como el Foro de Urbanismo Crítico, aseguró que «había caducado». Así, el intento de protección tampoco logró frenar los planes de Hidrocantábrico de levantar pisos en el complejo industrial.
Dos años más tarde, la Consejería de Cultura protegió el edificio, desoyendo las negativas del dueño, Álvaro Ruiz de Alda. No evitaron el traslado, pero los ya entonces desempleados se felicitaron por impedir a quien fuera su patrón sacar negocio (aunque no había llegado a anunciar ningún proyecto) de las viejas naves. Este fue el último edificio protegido en Oviedo, aunque ha habido otros dos intentos fracasados. En ambas situaciones, la fórmula empleada siempre ha llegado como respuesta a un proyecto urbanístico y económico anunciado y que se deseaba evitar.
El último caso ha sido la petición para el Campo de San Francisco, con la Categoría de Jardín Histórico. También se dio la causa-efecto.
El alcalde, Gabino de Lorenzo, acordó con la empresa Comamsa saldar la polémica deuda de la expropiación del palacete de Villa Magdalena a cambio del subsuelo de Uría para construir tres aparcamientos por 1.500 plazas, más un solar en Teatinos, en abril de 2010. Poco más tarde, una plataforma creada por más de 40 asociaciones -entre ellos partidos políticos, sindicatos, ecologistas y vecinos- buscaron la vía para impedir que dicho acuerdo saliera adelante. Por un lado, acudieron a los tribunales; y por otro, pidieron el BIC para el parque, que impedía hacer obras cerca, sacando mesas a la calle para reunir firmas.
Recogieron 20.000 y las llevaron a Cultura, pero no abrió el expediente. Para intentar forzar el debate, uno de los partidos que integra dicha plataforma, Izquierda Unida, lo llevó a la Junta General. Sabía que el PP no le apoyaría, pero confiaba en que el PSOE, que a nivel local integra ese grupo, votaría a favor.
Indemnizar al Ayuntamiento
El viernes, el diputado socialista Alfonso Rey dio dos argumentos para justificar la negativa. El primero, que el Ayuntamiento les había enviado una carta advirtiéndoles de que si protegían el parque, el Principado tendría que pagarle una indemnización.
Este primer argumento descuadernó al portavoz de ASCIZ, Roberto Sánchez Ramos. Rey habló de que la actuación del aparcamiento estaba incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y de ahí las consecuencias en caso de impedirlo. Pero 'Rivi', sin rodeos, tachó el argumento de «falso».
Populares y socialista coincidieron al destacar que la iniciativa de declarar Bien de Interés Cultural el Campo no buscaba tanto proteger lo, sino más bien anular el otro plan. Y que por tanto, según describió el diputado del PP, Joaquín Aréstegui, era una «trampa».
En realidad, lo era. Pero a la salida, portavoces de la citada plataforma no entendían cómo, aunque lo fuera, el PSOE regional no utilizaba esta vía para parar los planes de Gabino de Lorenzo. «¡Hay que ver lo que da de sí el pacto de La Zoreda, sin haber estrenado la legislatura!», valoró también ayer el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos en un mitin de Foro Asturias, que en varias ocasiones ha hablado de un acuerdo entre el PSOE y el PP para repartirse el poder de Asturias.
Aún con todo, no ha sido el único BIC frenado por la Consejería de Cultura. Llegó a incoar el expediente para la Fábrica de Gas en 2001, pero ocho años más tarde, a pesar de las continuas críticas de colectivos como el Foro de Urbanismo Crítico, aseguró que «había caducado». Así, el intento de protección tampoco logró frenar los planes de Hidrocantábrico de levantar pisos en el complejo industrial.
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